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Presupuesto 2026: la apuesta por la disciplina en un escenario complejo


15 de octubre de 2025



El proyecto de Presupuesto 2026 se presenta como un documento ambicioso y a la vez prudente. En sus líneas generales, el Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5 % del Producto Interno Bruto y un crecimiento sostenido de la economía, basado en una administración fiscal más estricta y una política de gasto controlada. No se trata solo de una hoja de cálculo: es una declaración política sobre el rumbo que se busca imponer en el año próximo, donde el equilibrio de las cuentas públicas se ha convertido en un objetivo casi simbólico del orden macroeconómico.

Al observar las cifras, surge de inmediato una pregunta inevitable: ¿qué tan realista es esa meta? Argentina transita un escenario económico frágil, en el que los ingresos tributarios dependen de variables tan volátiles como los precios internacionales, la demanda de exportaciones y el nivel de actividad interna. A su vez, la política fiscal enfrenta tensiones estructurales: subsidios energéticos, gasto social, transferencias a provincias y compromisos salariales que no siempre pueden comprimirse sin generar tensiones sociales y políticas.

En ese contexto, la apuesta por la disciplina fiscal aparece como un desafío de múltiples frentes. Desde el punto de vista técnico, alcanzar el superávit exige una precisión quirúrgica en la ejecución presupuestaria y una coordinación fina entre las distintas áreas del Estado. Desde el punto de vista político, requiere sostener consensos que rara vez son duraderos, sobre todo cuando el ciclo electoral condiciona cada decisión. Mantener el gasto dentro de los límites previstos implica resistir presiones y, al mismo tiempo, encontrar márgenes de flexibilidad para atender emergencias o cambios en el contexto internacional.

El punto más delicado está en la relación entre los objetivos macroeconómicos y el impacto social de las medidas. Una consolidación fiscal demasiado rígida puede resultar contraproducente si erosiona la recuperación del consumo o frena la inversión pública. La austeridad, cuando se convierte en un fin en sí mismo, tiende a debilitar la capacidad del Estado de sostener políticas inclusivas. El equilibrio, por tanto, no debería buscarse en la reducción indiscriminada del gasto, sino en su reorientación hacia sectores productivos y estratégicos.

Otro aspecto central es el contexto externo. El comercio internacional se mantiene incierto y los mercados financieros observan con cautela la sostenibilidad de las economías emergentes. Un cambio en las tasas de interés globales, una caída de los precios de exportación o un repunte de la inflación podrían alterar las proyecciones en cuestión de meses. De allí que la credibilidad del plan dependa, más que de su precisión contable, de su capacidad de adaptarse sin perder coherencia.

También debe considerarse la deuda pública. Aunque el superávit primario proyectado es una señal positiva para los acreedores, los intereses acumulados siguen representando una carga relevante. Si los pagos crecen más rápido que los ingresos, el margen de maniobra se estrecha y las metas pueden desdibujarse. Por eso, la gestión del endeudamiento será tan importante como el equilibrio fiscal: la consistencia de ambos factores determinará la estabilidad macroeconómica de 2026.

El verdadero desafío no será solo aprobar el Presupuesto, sino ejecutarlo. Las metas pueden lucir ordenadas en el papel, pero su cumplimiento dependerá del comportamiento de variables que escapan al control político. Si la recaudación se estanca o la inflación supera los niveles previstos, el Estado deberá decidir entre ajustar o resignar parte del superávit. Y en cualquiera de esos caminos se jugará su credibilidad.

En definitiva, el Presupuesto 2026 marca una apuesta firme por la disciplina, en un contexto en que la confianza y la previsibilidad son bienes escasos. La clave estará en sostener el rumbo sin sacrificar cohesión social, preservando la estabilidad sin imponer un costo desproporcionado a los sectores más vulnerables. Si logra equilibrar esas tensiones, el Gobierno no solo habrá alcanzado su meta fiscal, sino también una cuota de estabilidad política que el país necesita con urgencia.


Octavio Chaparro





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